El Tribunal Administrativo del Atlántico le ordenó al Alcalde de Soledad, Franco Castellanos, proceder de manera inmediata a adoptar las medidas administrativas y policivas necesarias y legalmente pertinentes para garantizar el ingreso continuo de la nueva rectora de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Misericordias, Rosa Belén Suárez Camacho,.

También le ordenó al mandatario que adelante las medidas administrativas y policivas necesarias para prevenir que se impida el ingreso de los estudiantes, personal docente y directivo a dicha institución.

Igualmente, le ordenó a la Asociación de Padres de Familia que cese, de forma inmediata, las actividades constitutivas de vías de hecho que han trastornado la normalidad administrativa y académica del centro educativo, de modo que se garantice la continuidad en la prestación del servicio de educación en el plantel, así como el ingreso de los estudiantes, docentes y personal administrativo, incluida su nueva rectora.

Además, que la Asociación se abstenga de apoyar nuevos actos tendientes a la suspensión de las actividades académicas y/o administrativas en el centro educativo.

Las advertencia fueron hechas por la Sala de Decisión Oral, Sección B, que con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez y la firma de los también integrantes Ángel Hernández Cano y Oscar Wilches Donado, amparó el derecho a la educación de los niños que cursan estudios en esa institución, y al trabajo de Rosa Belén Suárez Camacho.

La acción de tutela fue interpuesta por Rosa Belén Suárez teniendo en cuenta que después de haber culminado las etapas del concurso de docentes y directivos docentes, aplicó a la plaza ofertada en dicha institución.

No obstante, la Asociación de Padres presentó una acción de tutela, de la que también conoció el Tribunal Administrativo, en la que se invocó como medida cautelar que se suspendiera su nombramiento como rectora, la cual fue denegada.

Más tarde, el 13 de agosto de este año, mediante Decreto 0210 fue nombrada como tal, posesionándose el 18 del mismo mes, situación que le fue comunicada a la rectora encargada Ana Jiménez Durango, en el sentido que se daba por terminada su provisionalidad y se le ordenó entregar el cargo a la accionante.

Como consecuencia de ello, los padres de familia se tomaron las instalaciones e imposibilitaron el ingreso de ella al plantel educativo. Suárez Camacho argumentó que en medio de este conflicto el Ministerio de Educación, la Personería y la Secretaría de Educación de Soledad no solo hicieron caso omiso a su situación, sino que además la dejaron sola, a su suerte.

Por ello también cuestionó la actitud de los padres de familia quienes, de manera reiterada, profirieron toda clase de burlas y ofensas contra ella.

Advirtió, entonces, que con esta actitud los padres de familia también infringieron los derechos fundamentales de los estudiantes, impidiendo que se les dictara clases del 14 de septiembre al 5 de octubre, denunciando, además, que fue agredida verbalmente por el Personero de Soledad quien le gritó que no era la persona que debía solicitar el acompañamiento.

Indicó que todo ello le produjo, como consecuencia, una afectación en su salud emocional y su estado de ánimo, temiendo por la vida e integridad de ella y su familia.

Según el Tribunal, la Asociación de Padres, pese a que fue notificada, no se pronunció sobre las circunstancias de hecho y derecho relatadas en el escrito de tutela. Igualmente advirtió que “su apoyo a las vías de hecho se aleja contundentemente de la finalidad para la cual se instituye y, por el contrario, se erige también como infractora del derecho fundamental a la educación de los niños que estudian en ese centro educativo”.

Por su parte, la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Soledad señaló que, “las directivas de la comunidad religiosa enviaron una comunicación, donde les  hacían saber a los padres de familias, que ellas no tenían ningún interés en cazar pelea con el Estado y aceptaban que al "no lograr los requerimientos legales y jurídicos exigidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para continuar en la dirección de la institución, tampoco deseamos entablar un pleito jurídico con el gobierno local por la devolución del inmueble" precisó la Hermana María Consuelo Arroyave Velásquez, Superiora General de la congregación”.

Así mismo le manifestaron a la Asociación que “no deberían continuar bloqueando los procesos administrativos con todas las consecuencias que eso implica”.